La sentencia 700/2026, de 4 de junio, del Tribunal Supremo determina que las intervenciones en edificios existentes que alteren la configuración arquitectónica o tengan por objeto modificar los usos característicos de un edificio destinado a uso comercial para convertirlo en uso residencial requieren un proyecto que debe ser redactado por un arquitecto.
Esta sentencia dictada por el Tribunal Supremo fija doctrina jurisprudencial, y aunque es muy clara, el gabinete jurídico del CSCAE ha emitido una nota aclaratoria con la intención de salir al paso de alguna controversia suscitada recientemente a causa de interpretaciones tergiversadas por parte de algún colectivo profesional.
