El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias ha recurrido la licitación para las obras de conservación de los Palacios de Camposagrado y Valdecarzana, sedes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y de la Audiencia Provincial. En concreto, el COAA ha presentado el recurso de reposición ante la Dirección General de Patrimonio y Sector Público de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias, administración que ha licitado el concurso de contratación de la redacción del proyecto básico de ejecución y estudio de seguridad y salud y proyectos específicos para la mejora de los Palacios de Camposagrado y Valdecarzana.
Dicha licitación se realiza por parte del Principado sin publicidad y mediante el tipo de contrato de servicios menor, por un importe inferior a 18.000 euros, a través de invitación a una serie de arquitectos, algunos de los cuales se puso en contacto con el COAA para manifestar su disconformidad con los pliegos.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias considera, una vez valorados dichos pliegos, “irrisorio” el importe máximo contemplado para unas obras de estas característica. Además, le recuerda al ejecutivo regional que “lo deseable hubiera sido que esta administración ya asumiera los nuevos criterios de contratación pública, recogidos en la nueva Ley de Contratos del Sector Público”. En este sentido, esta licitación emplea como único criterio de adjudicación el precio, algo no contemplado en dicha ley.
Más allá del perjuicio que este tipo de licitaciones puedan suponer a los profesionales arquitectos, el COAA recuerda la importancia de contar con los recursos suficientes para este tipo de actuaciones, “pues la calidad de estos trabajos repercute de manera muy directa sobre los propios ciudadanos”.
No se puede olvidar que los edificios a los que hace referencia esta licitación son considerados Bienes de Interés Cultural. Además, albergan sedes de organismo públicos, como lo son el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Audiencia Provincial. Su actuación sobre ellos tendría una acción directa en los servicios a los ciudadanos.
El recurso interpuesto por el COAA también alude a una falta de determinación en el contrato, que además, contempla varias contradicciones sobre el objeto del mismo, y lo somete al arbitrio de la administración contratante, lo que vulnera el equilibrio inexcusable entre las partes en materia de contratación administrativa.
Por todo ello, el COAA solicita la nulidad de pleno derecho de la licitación y la suspensión de la contratación.
