El pasado 29 de junio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia emitía una nota de prensa alusiva a su informe de abril de 2016 sobre los criterios para la confección de las listas judiciales de peritos arquitectos.
Se trata de una nota parca y escueta que resume su informe de abril a la Propuesta del Consejo Superior de Arquitectos, posicionándose contra ella por considerar que restringe la libre competencia.
Grosso modo, la Propuesta del CSCAE consistía en la exigencia de formación específica pericial y especialización técnica en las distintas áreas susceptibles de peritaje (patologías, cimentaciones y estructuras, urbanismo y valoraciones, seguridad y salud en la construcción, etc.), además de unos requisitos mínimos de experiencia.
La CNMV concluye que esta propuesta restringe la libre competencia, no se ajusta a los principios de necesidad y proporcionalidad propios de la regulación económica eficiente, e impone requisitos adicionales a los exigidos por la Ley. Recomienda, además, que se eliminen los requisitos de colegiación para estar en las listas de peritos, abriéndose a todos los técnicos competentes.
Entendemos que el dictamen de la CNMC es parcial y falto de visión estratégica, pues renuncia a la calidad en aras de la competencia y una supuesta eficiencia económica. No abandonamos la lucha por la implantación de un sistema mejor para la confección de las listas judiciales de peritos arquitectos. Un sistema que garantice la calidad del servicio prestado por los peritos y facilite la labor de los órganos judiciales y la tutela judicial efectiva de consumidores y usuarios. Por ello, el 7 de julio de 2016 el Presidente del CSCAE remitió un Carta a la Vicepresidenta del Gobierno en funciones, solicitando un análisis de la situación objetivo y verdaderamente respetuoso con el interés general.
Si queréis leer la nota de prensa y/o el Informe de la CNMC se puede consultar en el siguiente enlace:
Os seguiremos informando de cuanto vaya sucediendo respecto a este tema, de importancia capital no sólo para nuestra práctica profesional, sino también para el cumplimiento efectivo del derecho de tutela judicial consagrado por el artº 24 de la Constitución Española.
