El pasado 20 de diciembre, el grupo de trabajo convocado por la Dirección General de Vivienda inició sus trabajos, que tienen como finalidad la revisión de la Ley 3/1995, de 15 de marzo, de sanciones en materia de vivienda, modificada por la Ley 7/1997, de 31 de diciembre y Ley 5/2002, de 27 de diciembre y del Decreto 56/2010, de 23 de junio por el que se crea y regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida.
Desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias hemos instado la modificación de la primera de las normas que, a instancia de varios colegiados, había sido objeto de estudio en el expediente de la Comisión de Defensa del Colegiado 1/2017, al entender que su articulado imponía obligaciones particularmente gravosas a la actividad de la arquitectura, y un correlativo régimen sancionador injusto. A la vista de su propuesta, la Junta de Gobierno acordó realizar las medidas oportunas frente a esta situación.
Con esta participación, el COAA se sitúa dentro del grupo de colectivos representados y podrá aportar la perspectiva de la profesión y los intereses de los arquitectos en este procedimiento normativo.
