Las diferencias jurídicas entre las mutualidades de previsión social y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social no pueden justificar la exclusión de los profesionales adscritos al sistema mutual legalmente establecido de las ayudas extraordinarias y urgentes habilitadas por el Gobierno con fondos públicos para mitigar el impacto de la crisis económica provocada por el coronavirus. De esta manera, en una nueva carta remitida a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, vuelve a reclamar la justa equiparación entre mutualistas y autónomos del RETA.
El presidente advierte de la “grave e injusta situación de desamparo que sufre la profesión” por la práctica exclusión del plan de choque económico aprobado en virtud del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, e insiste en que las diferencias normativas no justifican la discriminación de unas medidas extraordinarias “que se basan en el mismo hecho causante”: “los impactos económicos y sociales que están provocando las medidas de contención para hacer frente a la pandemia y a la crisis económica, que ya se manifiesta de forma sensible”.
Si la máxima con la que el Ejecutivo ha afrontado la crisis sobrevenida por el covid19 ha sido que nadie se va a quedar atrás, Comerón vuelve a señalar la discriminación que se está produciendo en este caso y reclama que se corrija. “No hay justificación objetiva para ella por la naturaleza de las medidas y los mismos supuestos de hechos concurrentes”, se lee en la carta, donde se recalca que los trabajadores adscritos al sistema mutual “son profesionales por cuenta propia con la misma condición profesional que quienes están dados de alta en el RETA y, desde luego, están sufriendo las mismas consecuencias” profesionales y económicas.
Una reclamación recurrente
La reclamación de medidas de apoyo económico y la equiparación con los autónomos adscritos al RETA por parte del CSCAE ha sido una constante desde que el Gobierno declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo. Se ha mantenido una interlocución continua con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, exponiéndoles la grave situación por la que atraviesan los arquitectos y arquitectas, y se han remitido cartas a los ministerios de Asuntos Económicos y Asuntos Sociales y a los portavoces de todos los partidos políticos que integran la Comisión de Asuntos Financieros del Congreso con una propuesta de enmiendas al Real Decreto.
Aunque la equiparación total aún no se ha producido, las reivindicaciones del CSCAE han quedado parcialmente recogidas en los reales decretos leyes 15/2020, de 22 de abril, y 16/2020, de 28 abril. El primero contempló moratorias en el pago de los alquileres de locales afectos a la actividad económica desarrollada como autónomos, siempre que se estuviera en situación de alta, y la disponibilidad excepcional de planes de pensiones. El RDL 16/2020, de medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia, amplió el apoyo a mutualistas para que pudieran disponer, excepcionalmente, de planes de pensiones no solo por cese de actividad, sino también si su facturación se reducía en un 75%.
Por su parte, comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco han aprobado líneas de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva sin hacer distinciones entre profesionales adscritos al RETA y mutualistas. Más información en las páginas web de CACOA , COAL,COACYLE, COAG, COAVN, COAM , COAVN