El 3 de agosto, fruto del trabajo del grupo de urbanismo de Avilés, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias (COAA) presentó nuevamente alegaciones a la reciente tramitación de los documentos de aprobación inicial del Plan de Mejora y Reforma Interior del Casco Histórico de Avilés (PEMRICH) y de la Modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural y Catálogo Urbanístico (en adelante Catálogo), expedientes diferentes pero íntimamente relacionados.
Como se hizo en las tramitaciones anteriores, el objetivo último de una entidad como el COAA, no es otro que el de mirar por el bien común y contribuir a la obtención de los mejores instrumentos posibles para la ciudad y sus vecinos, lo que implica, a veces, reiterar la discrepancia y la crítica, siempre realizadas con la mayor lealtad y en aras del interés colectivo.
Así, cabe reiterar, como el Colegio ya dijo en tramitaciones anteriores, que ambos documentos adolecen, a juicio de los arquitectos, de falta de visión de conjunto. Se sigue echando de menos una mirada general que aborde el análisis y las intervenciones sobre el casco histórico avilesino de manera integral. Ejemplo de ello es el propio ámbito del PEMRICH, que continua reducido a una serie de actuaciones deslavazadas sobre espacios de pequeño tamaño entre las que no existe trabazón analítica ni proyectual. El COAA considera que ésta no es la manera idónea de actuar y que debería contarse con una visión integral que tenga en cuenta tanto el conjunto como las distintas piezas (calle, manzana, ámbito).
Desde un punto de vista conceptual, se mantiene, como ya se dijo con anterioridad, que en espacios tan sensibles como los que cuentan con protección patrimonial ha de primar la forma, de modo que los aprovechamientos sean siempre resultado de la configuración de la ordenación y no al revés. Sigue sin parecer aceptable el incremento injustificado de la edificabilidad o el número de alturas permitidas en aras de la rentabilidad económica. Ejemplos de esto aparecen en el tratamiento que se da al edificio antiguo de La Parra, al de la innecesaria ampliación de la plaza José Martí, al de la esquina Emilio Robín con la Avenida de Lugo o a la propia muralla. La conservación patrimonial debe pasar en cambio, por dar facilidades a la conservación, con reducción de cargas fiscales y de las trabas burocráticas que supone la mera catalogación.
Abundando en la cuestión de la asignación de edificabilidad, cabe recordar que el deber de conservación es una obligación recogida en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no se comprenden algunas decisiones que parecen “premiar” la falta de mantenimiento mediante incrementos de aprovechamiento que pretenden favorecer la rentabilidad de la reparación del deterioro.
Algo similar sucede con el Catálogo, que premia el abandono del patrimonio con disminución del nivel de protección, llegando incluso a la descatalogación de elementos antes considerados de interés.
Por otra parte, sorprende que, pese a la coincidencia casi unánime de la doctrina en señalar el impacto negativo de la circulación rodada en el centro de las ciudades, el PEMRICH proponga la construcción de nuevos aparcamientos motorizados dentro del casco amurallado. En cualquier caso, una decisión de tal calado estaría mejor enmarcado en el contexto del plan de movilidad pendiente de licitación desde hace años, o, en su ausencia, de un estudio específico que lo justificara, no recogido en este documento.
En cuanto a cuestiones más directamente relacionadas con la técnica urbanística, el COAA señala que “nos ofrece dudas que operaciones que casi podríamos denominar de microcirugía urbana conlleven la categorización como suelo urbano no consolidado de ámbitos de reducido tamaño situados en una zona de la ciudad consolidada hace siglos, sin que medien verdaderas operaciones de regeneración o cambio de uso que justificarían tal categoría de suelo urbano”. A juicio del órgano colegial, esto dificulta la gestión de las actuaciones, que podrían llevarse a cabo mediante técnicas e instrumentos más sencillos.
Además, el Plan sigue dejando aspectos esenciales sin resolver en espera de futuros Estudios de Detalle o de análisis complementarios arqueológicos o geotécnicos que, en puridad, deberían contemplarse antes del propio Plan Especial.
Se debe mencionar, también, la falta de coordinación entre la Memoria de viabilidad y las fichas de las Áreas de Planeamiento Específico, lo que supone un claro ejemplo de inseguridad jurídica.
En conclusión, desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, se considera que estos documentos tal y como están planteados son insuficientes para resolver los problemas que enfrenta el casco histórico y el patrimonio avilesino. “Necesitamos instrumentos que pon ganen valor nuestro patrimonio y regulen las actuaciones posibles que permitan su uso, mantenimiento y conservación y, por ende, su fortalecimiento como seña de identidad, siempre desde la búsqueda del bien común y del interés general”, explican en sus alegaciones.
A continuación se adjuntan los documentos pertinentes:
